Ciudadanos iguales, becas equivalentes

Pongo a continuación un artículo publicado en Diario de Navarra el 3 de marzo de 2017

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Parece que el Gobierno de Navarra ha dado marcha atrás en su decisión de negar becas a personas de rentas bajas que estudian en la Universidad de Navarra. Y digo “parece” porque las declaraciones tanto de la Portavoz del Gobierno como del Consejero de Educación no permiten por el momento tener una idea clara. En sus ambiguas e indeterminadas declaraciones, se habla de retrasar un año la eliminación de las becas a los alumnos de la UN y de conceder una línea de avales a los alumnos afectados. Si esto es así, nada cambia: la marcha atrás es una mera retirada táctica para resolver la chapuza de dejar en la estacada a unos alumnos a mitad de curso, y por otra parte a las 500 familias les dan una solución curiosa, que no es solución: tienen a bien avalar un crédito para que los afectados no tengan problemas en pagarse ellos mismos las becas que no les piensan dar.

Se está insistiendo mucho, y con razón, en la injusticia que supone retirar las becas a personas de rentas bajas que estudian en la UN carreras que no existen en la UPNA, pero ese argumento me parece parcial —por insuficiente—.

Todo contribuyente —supuestas las condiciones de capacidad— debería tener acceso a becas en la cuantía que necesite según su nivel de renta, independientemente de qué estudia y dónde lo estudia: ya sea un grado medio o superior de FP, o unos estudios universitarios en la universidad pública o en la privada de su ciudad, en la Complutense, la Autónoma de Barcelona, Oxford, la Sorbona o Berkeley. Decir “todos a la pública” es igualitarismo, que es por definición injusto; cada persona ha de poder cursar los estudios para los que tenga capacidad, en la universidad de mayor calidad a la que pueda acceder —o en la que, a su criterio, se ajuste mejor a sus necesidades—. Eso sí sería una redistribución justa de los recursos, en el campo de la educación.

Si, para un mismo Grado, en una universidad privada hubiese mejores profesores que en una pública, caso que puede darse, ¿por qué las personas de rentas más bajas no habrían de tener acceso a ellos? Y si, al margen de rankings o valoraciones de cualquier tipo, alguien elige una universidad porque tiene un plan de estudios un poco distinto que se ajusta más a sus deseos, o porque piensa que su ambiente de estudio es mejor, o tiene mejores datos de empleabilidad, o más componente práctica, o teórica, o… lo que sea, ¿quién es papá Gobierno de Navarra para decirle que sí le beca para estudiar en un sitio pero no en otro? ¿Quién es nadie para establecer, así, ciudadanías de primera y de segunda clase? Lo defienda quien lo defienda, eso no es igualdad de oportunidades.

Las becas al estudio no son subvenciones a universidades —tampoco a colegios, si se habla de los conciertos en la enseñanza primaria o secundaria—, sino ayudas a personas concretas, ciudadanos y ciudadanas que quieren acceder en igualdad de condiciones a una prestación que nuestro ordenamiento jurídico entiende como un derecho básico: la educación. No se están atendiendo caprichos de instituciones, sino derechos de personas.

Y digamos de una vez por todas que el rey está desnudo: todo aquel que estudia en la Universidad Pública recibe una enorme ayuda económica —la diferencia entre el coste de sus estudios y el precio de su matrícula—, la necesite o no. Algunas personas sí necesitarán esos descuentos, otras los necesitarán pero en menor medida, otras quizá en mayor medida —por eso pueden además acceder a becas que complementan esas reducciones de matrícula—, y otras muchas tienen renta suficiente como para no requerirlos. Hay un consenso general en que eso se costee con nuestro presupuesto, y a mí me parece muy bien; pero me parecería todavía mejor que todos los alumnos o alumnas, sea cual sea la universidad donde estudien, tengan acceso en igualdad de condiciones —iguales son los impuestos que pagan e igual es su condición de ciudadanos— a una prestación de cuantía semejante.

Se pueden establecer unos mínimos de calidad para los centros docentes, y que todo alumno pueda acceder a los mismos descuentos en cualquier centro de los que cumplan esos mínimos. Eso me parecería muy razonable, porque sí supondría un modo eficaz de eliminar diferencias entre las personas por motivos económicos, y claramente fomentaría la excelencia universitaria, tanto en la gestión como en la docencia.

La colaboración público-privada es fundamental. A los ciudadanos nos conviene que los servicios públicos en materia educativa se ofrezcan tanto por entidades de titularidad pública como por otras de titularidad privada. Es una excelente manera de prevenir el totalitarismo intelectual; ¿será por esto último que algunos quieren eliminar cualquier iniciativa privada?


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